Detrás de cada estrategia de intervención social del Estado, existe
una concepción de la pobreza y de la exclusión (léase también de
los derechos de las mujeres y de los niños y niñas), de sus causas y
consecuencias sociales. En este sentido, los problemas que atraviesa
la población infantil más vulnerable y sus familias son interpretados
de múltiples y, a veces, contradictorias maneras por decisores y
técnicos del sector público y privado.
• Las investigaciones y evaluaciones sobre desarrollo infantil realizadas
(aunque escasas) parecen no constituir un asunto de interés para
quienes elaboran las políticas.
• Estas investigaciones y evaluaciones generalmente son de alta
sofisticación metodológica, y no se centran en “ideas claves” que
proyecten temas y modalidades de intervención en la agenda pública
e impacten en el pensamiento social e institucional.
• Existe poco desarrollo en el diseño y la operación de relevamientos
sencillos sobre creencias, pautas y prácticas de crianza. Este
conocimiento resulta indispensable a la hora de implementar
políticas con eje en las familias.
Al respecto, merece destacarse el tema de la evaluación como insumo
fundamental para el diseño y operación de políticas y programas, en términos
de procesos, resultados e impactos de las experiencias en las capacidades,
destrezas y prácticas de la población “beneficiaria” (sean niños,
niñas, familias, docentes y/o madres cuidadoras). Parecería que, además
de lo expresado anteriormente, no se han institucionalizado modalidades
evaluativas que permitan apreciar logros y dificultades en diferentes campos,
y/o que los instrumentos existentes no han sido difundidos y probados
suficientemente como para constituir un “corpus” metodológico e instrumental
validado.
Ello involucra también un problema de “comunicación” entre los actores
que han desarrollado y probado metodologías evaluativas en el área del
desarrollo infantil.
Otro tema instrumental que reviste importancia para tomar decisiones
sobre políticas y programas es el del dimensionamiento de los costos
de las estrategias adoptadas. Es evidente que existe una gran dificultad en
las áreas sociales públicas y privadas para definir claramente los costos
involucrados en los proyectos y experiencias de desarrollo infantil temprano.
Esta dificultad constituye un obstáculo importante para la colocación
del tema en la agenda pública, sobre todo teniendo en cuenta que
existen diversas “puertas de entrada” para trabajar con los niños, sus familias
y la comunidad y que el cálculo presupuestario es un requisito fundamental
para formular y evaluar políticas y programas.
Además, existe un importante vacío de información referido al costo
de estrategias no institucionales (trabajo con familias, tutorías familiares,
alfabetización con eje en crianza, extensión comunitaria, etcétera).
Falta de visibilidad social de la problemática
Más allá de la dimensión técnica (información, evaluación), que supone
que un “hecho social” sea reconocido como problema y trasladado a una
cuestión de Estado, el tema de la circulación de la información es crucial.
En efecto, tal como lo expresó el primer grupo de trabajo, si la diseminación
de la información queda limitada sólo a los especialistas en el tema y
no trasciende a la esfera pública, la temática en cuestión no será percibida
como un problema social.
Parecería que la “visibilidad social” está directamente ligada a la instalación
de la problemática del desarrollo infantil temprano en la agenda
política, como una “cuestión de Estado”. Y aquí el rol de la sociedad civil
es fundamental, dado que las políticas se ponen “en acto” cuando existen
ciudadanos organizados que las demandan y plantean alternativas en nombre
de derechos concebidos como “habilitadores” para la acción.
El paso de los “discursos” a la acción colectiva agregada (universidades,
técnicos de diversas instituciones, grupos de base comprometidos, etc.) es
una instancia ineludible para el debate social y la construcción de políticas
públicas.
En un esquema de responsabilidades compartidas entre el Estado (considerando
que éste tiene funciones indelegables) y la sociedad civil para
la promoción de políticas de desarrollo infantil con criterio universalista, la
función de rectoría es fundamental. Para concretar institucionalmente
esta función con amplia cobertura, es necesario descubrir la forma organizativa
más adecuada y efectiva (y menos burocrática), entendiendo que
eso no implica la creación de nuevas estructuras o unidades ejecutoras,
ya sean “supra” o “para-gubernamentales”.
Por tanto, es evidente que el tránsito desde la práctica hacia los temas de
política pública no se produce por mero voluntarismo, sino que implica
prerrequisitos ideológicos, políticos y técnicos, y una integración de las políticas
de desarrollo infantil al desarrollo económico y social de los países.
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http://www.unicef.org/argentina/spanish/Sistematizacion_final.pdf
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